A 5 años de promulgación de aprobada la Ley de Educación Superior en Chile, Ley 21.091, que establece el Sistema de Aseguramiento de la Calidad, CINDA, el Centro Interuniversitario de Desarrollo, realizó un seminario para celebrarlo, con la asistencia de más de un centenar de personas en el Auditorio de la Contraloría General de la República, y la presencia del Subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana; José Miguel Salazar, Superintendente de Educación Superior; Iván Ramos, Presidente de la Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior, RIACES, y el Presidente de la CNA Chile, Andrés Bernasconi.
Álvaro Rojas, Director Ejecutivo de CINDA, quien dijo unas palabras de apertura, señaló que “el foco principal de CINDA, su ADN, en más de medio siglo de existencia, ha sido la gestión y aseguramiento de la calidad de la red de universidades europeas y latinoamericanas que conforman el centro”.
Además, agregó que con la promulgación de la Ley 21.091, se actualizó la normativa sobre educación superior, haciendo obligatoria la acreditación de la dimensión de aseguramiento de la calidad interno, “lo que debería expresarse en una renovada gestión de la calidad del conjunto de instituciones que hoy conforman nuestro sistema nacional”.
Para Víctor Orellana, Subsecretario de Educación Superior, a pesar que la ley 21.091, enfrentó el problema de la movilidad social, limitando el endeudamiento, avanzando hacia una política de gratuidad y una institucionalidad más vigorosa, todavía tiene retos pendientes en el área. “Los que van a colocar al aseguramiento de la calidad, nuevas problemáticas y nuevos desafíos, distintos de los que enfrentó en su primera etapa de construcción y consolidación en Chile”, expresó.
“Por ejemplo los problemas de desigualdad social, pues seguimos teniendo una sociedad fragmentada, donde a pesar de todos los avances, seguimos sin poder decir que nuestro sistema de educación superior es homogéneo en calidad, lo que requiere políticas públicas adecuadas para que la educación superior sea un lugar de encuentro”, agregó.
Por su parte el Superintendente de Educación Superior, José Miguel Salazar, realizó una mirada general sobre las nociones de calidad sobre las cuales se han desarrollado, los instrumentos para el aseguramiento de la calidad como la Ley 21.091, que han ido apuntando a mejorar la producción cuantitativa y cualitativa de lo que se hace en educación superior al mayor nivel de eficiencia posible con una mirada de la mejora progresiva de la calidad.
Para luego referirse a los desafíos de la ley y el aseguramiento de la calidad. Declaró que es importante que la acreditación “no sólo sea una actividad formal del Estado, oficializada y burocratizada, sino que una conversación de las comunidades académicas y cómo ellas proyectan su quehacer”.
De izq. a der. Director Ejecutivo de CINDA, Álvaro Rojas, Subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana; José Miguel Salazar, Superintendente de Educación Superior; Iván Ramos, Presidente de la Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior, RIACES, y
Presidente de RIACES y su mirada internacional
El enfoque internacional lo puso Iván Ramos, Presidente de la Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la Educación Superior RIACES y ex rector de la Universidad del Valle de Colombia, quien realizó un panorama del aseguramiento de la calidad a nivel de América Latina y el Caribe, donde el 95 % de los países tienen agencias de aseguramiento de la calidad.
Asimismo, Iván Ramos reflexionó sobre el significado de la acreditación y las preguntas fundamentales que deben hacerse a futuro. “Hemos transitado en observar en un principio capacidades y procesos, a estar mirando y evaluando capacidades, procesos y resultados. La acreditación no es solamente ver cuántos profesores tenemos, cuántos investigadores, cuántos papers, sino qué impacto están produciendo esos logros en la sociedad en general”.
“No podemos acreditar y esperar dentro de tantos años si efectivamente mejoró, tenemos que hacer un seguimiento de una manera responsable a todos esos procesos de mejoramiento”, precisó.
Ivan Ramos, Presidente RIACES, Red Iberoamericana de Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior.
Discusión y análisis en torno la Ley 21.091
Además, se realizó una mesa redonda, moderada por Alejandra Silva, Directora del Programa de Política y Gestión Universitaria de CINDA, donde estuvieron como panelistas, Carlos Saavedra, Rector de la Universidad de Concepción; Harald Beyer, Exministro de Educación y Fernanda Kri, Rectora de la Universidad de O'Higgins.
El rector de la U. de Concepción contó su experiencia en el proceso de acreditación de la universidad que dirige, y los desafíos institucionales que esto implicó. Señaló que este no es un proceso que tiene que ver solo con los equipos directivos, sino de la comunidad completa y ahí es relevante que participe el equipo comunicacional y que pueda visibilizar su mensaje”.
Al mismo tiempo, expuso que todos los equipos directivos están involucrados, pero también las facultades, el consejo académico y el directorio en lo que le compete. “En total participaron 1.540 personas acompañando todas las reuniones de la comisión, de manera de poder dar un testimonio fidedigno de la institución. La acreditación institucional permite el crecimiento de las instituciones y no es una carga adicional”, detalló.
Harald Beyer, Ex Ministro de Educación, ahondó en el objetivo final que persigue la acreditación, preguntándose qué es lo que se quiere para las universidades y qué se quiere lograr con este sistema de acreditación, opinando que la ley 21.091 es imprecisa respecto a los objetivos que desea perseguir con la acreditación, lejos de la estrategia del proyecto institucional, y en riesgo de satisfacer al regulador.
“Tratamos de satisfacer en los procesos de acreditación al regulador, pero no estamos pensando en cómo la universidad evoluciona, ni tampoco en la proyección futura de largo plazo, porque además la ley es muy poco orientadora respecto a lo que se espera de las universidades o de los institutos técnico profesionales, y eso produce que los planes de mejora, se traduzcan finalmente, -y es lo que yo he visto en distintos informes-, en una especie de listado de las debilidades que tiene la institución para prometer que esas se van a corregir”, opinó.
Fernanda Kri, Rectora de la Universidad de O´Higgins, como representante de las universidades estatales reconoció que, si bien coincide con los comentarios de los otros ponentes sobre las indefiniciones que hay en la ley, tiene una mirada positiva sobre los cambios que fueron consecuencia de la Ley 21.091.
“Si nos centramos en el sistema nacional de aseguramiento de la calidad, se ponen normas que van resolviendo algunos temas, se cambia la constitución de la comisión, se incorpora a la Alta Dirección Pública, lo que hace que tengamos comisionados que nos dan mayor tranquilidad desde el punto de vista de la objetividad de sus decisiones. La acreditación institucional se vuelve obligatoria, se suspenden las agencias privadas y se instala el concepto de la acreditación integral”, puntualizó la rectora de la U. de O´Higgins.
De izq. a der. :Carlos Saavedra, Rector de la Universidad de Concepción; Harald Beyer, Exministro de Educación; Fernanda Kri, Rectora de la Universidad de O´Higgins, Alejandra Silva, Directora del Programa de Política y Gestión Universitaria de CINDA y Andrés Bernasconi, Presidente de CNA-Chile, Comisión Nacional de Acreditación.
Andrés Bernasconi y cambios culturales en la ley 21.091
Para finalizar la jornada, Andrés Bernasconi, Presidente de la CNA –Chile, Comisión Nacional de Acreditación declaró que si bien en un comienzo no era partidario de la ley 21.091 argumentado que ella “regula las instituciones de educación superior como si se tratara de la industria de los casinos de juego, una actividad propensa al fraude y a otras irregularidades que debe vigilarse de cerca. La amenaza de sanción penal aparece nueve veces en el proyecto y la palabra infracción aparece 33 veces. El proyecto presume la mala fe de parte de las instituciones y trata a todas como si fueran actual o potencialmente la Universidad del Mar. Lo mismo con las autoridades, desconfía de ellas como si todas fueras no pudiesen ser como los rectores involucrados en el caso CNA del 2011”.
Sin embargo, destacó tres cambios culturales en la ley 21.091, eficientes para el sistema. Uno, la centralidad del estudiante, ya que la educación superior, en el marco legal que nos rige, es concebida como un derecho del estudiante. Otro cambio, es el paso de una evaluación externa a una cultura de autorregulación, la evaluación y mejoramiento continuo, donde la responsabilidad por la calidad no es de la unidad de calidad, sino de cada uno de los miembros de la institución, cada uno en su rol.
Y el tercer cambio, el avance del sistema hacia la complejidad, incluidas las nuevas dimensiones de las que se tiene que hacer cargo la educación superior, como el impacto de ésta en la sociedad, “desafíos que hace una generación no eran vistos como un problema en la institución educacional, ni escolar ni superior.
Para poder ver el seminario entrar en el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=7EdZoSaHPKk
