Nota técnica

A 100 años del manifiesto de Córdoba, que sentó las bases para la discusión sobre autonomía universitaria, ¿cuál es la reflexión actual en América Latina?

   
2019

* Los conceptos de este artículo están tomados del capítulo “Ejercicios contemporáneos de la autonomía universitaria: gestión, gobierno y calidad”, escrito por  Jairo H. Cifuentes, secretario general de la Pontificia Universidad Javeriana, Colombia, parte del libro Diversidad, autonomía y Calidad editado por CINDA.

La autonomía universitaria es condición sine qua non para que la Universidad pueda ser conciencia crítica de la sociedad. Ninguna otra institución pública o privada u organización social tiene la capacidad de prestarle este servicio a la sociedad.

Por tener tanta historia como vida tienen las universidades, son variados los enfoques que se han dado al concepto de autonomía universitaria; en América Latina, este tiene una connotación central, y debe ser abordado como característica de una institución que se desarrolla en un contexto social determinado, que evoluciona, cambia y se adecúa a la sociedad en que está inserta.

Jairo Cifuentes destaca dos dimensiones de la autonomía: aquella que es propia del conocimiento y de la facultad de una universidad para definir su orientación ideológica o filosófica (autonomía interna) y la autonomía universitaria propiamente dicha, es decir, el derecho de una institución a desarrollar con calidad y pertinencia social su proyecto educativo (autonomía externa).

Autonomía implica por tanto un derecho ‘facilitador’, que se ejerce responsablemente, que se articula con los derechos de las personas en general y de los académicos en particular, que está limitado por el bien común y que está circunscrito a su articulación con los propósitos de otros agentes del estado y la sociedad.

El ejercicio de este derecho nos ubica necesariamente en el espacio de las relaciones de la universidad con el estado y con la sociedad, es decir, en la forma como estos interpelan a la universidad en su obrar.

Por consiguiente, la autonomía:

  • No se otorga, ni se decreta, ni se logra
  • Se reconoce, se garantiza y se protege
  • Se ejerce responsablemente

Esta interpelación no está exenta de retos, que pueden condicionar el ejercicio de la autonomía:

  • La tendencia a la sobre-regulación, con una visión limitada acerca de la educación superior y escasa reflexión acerca del sistema que se desea y conviene.
  • Un ejercicio supervisor de parte del estado que se ve superado por la complejidad y diversificación creciente de los sistemas de educación superior, y que exige encontrar el equilibrio adecuado entre el control estatal y la autonomía institucional.
  • La necesidad de ajustar los sistemas de aseguramiento de la calidad, que luego de dos décadas se han formalizado y burocratizado; han promovido una cultura de la obediencia y tienen grandes dificultades para reconocer y valorar una diversidad virtuosa, necesaria para responder a una amplia gama de necesidades y demandas.
  • El peso de las mediciones, clasificaciones y rankings, que tienden a homogenizar a las instituciones y a excluir a aquellas que se escapan del modelo tradicional.
  • La necesidad de revisar las certificaciones y los títulos de educación superior, para hacerlos compatibles con las necesidades de los estudiantes y los requerimientos del medio laboral.
  • La exigencia de que las universidades se hagan cargo de una amplia gama de problemas sociales. La universidad no puede hacer caso omiso de los retos sociales que enfrentan sus países, pero esto implica identificar cuál es su rol al respecto, y desempeñarlo de manera eficaz.
  • La financiación de la Educación Superior. Gran parte de los reclamos por la violación de la autonomía pasa por las políticas de financiamiento, la exigencia de generar recursos propios, o la universalización del acceso con mecanismos de gratuidad. Hay aquí un tema crítico, que es preciso abordar desde una perspectiva de largo plazo, con atención a la diversidad de las instituciones, programas y estudiantes, y con la búsqueda de mecanismos de apoyo tanto a la oferta como a la demanda.

La autonomía universitaria no es hoy simplemente un asunto de reivindicación jurídica, o de la búsqueda de la minimización de la interferencia del Estado o de la función de inspección y vigilancia que le corresponde.

Exige considerar los factores que la amenazan, para poder asegurar el ejercicio de este derecho facilitador. Y para esto, es esencial promover su autorregulación, su avance hacia niveles crecientes de calidad, y condiciones para un buen gobierno institucional.